Buenos Aires, 27 de noviembre de 2017. El pasado viernes 24 de noviembre, un nutrido grupo de organizaciones, entre ellas CATEL, envió a los jefes de bloque de la Cámara de Diputados una nota en apoyo a la Ley de Responsabilidad de Intermediarios de Internet.
La norma brinda un marco legal específico que establece reglas claras sobre la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos que permiten el aprovechamiento de Internet, entre los que se encuentran los proveedores de acceso, los prestadores de servicios de alojamiento de contenidos, las plataformas de comercio electrónico, los proveedores de motores de búsqueda, entre otros.
En este sentido, establece que los intermediarios tecnológicos no son responsables por los contenidos que generan, publican o suben los usuarios, salvo cuando tengan conocimiento de ese contenido a partir de una orden judicial.
Asimismo, dispone que los intermediarios no están obligados a monitorear los contenidos, pero a la vez establece los mecanismos de protección para quienes se consideren afectados por contenidos generados por los usuarios.
Adicionalmente el proyecto fomenta la auto regulación, permitiendo que los intermediarios sigan ofreciendo mecanismos alternativos para la protección de los derechos de los usuarios.
Esta ley, que sigue los principios de organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA y los estándares que fijó recientemente nuestra Corte Suprema de Justicia, salda una vieja deuda en materia legislativa en nuestro país. Otros países de la región, como Chile y Brasil, cuentan desde hace tiempo con regulaciones similares.
El documento está firmado por la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (CATEL), la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Federación Latinoamericana y del Caribe de Internet y el Comercio Electrónico (eCOM-LAC), la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), y la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA).
Para las organizaciones firmantes, se trata de una norma fundamental. De aprobarse, esta Ley otorgará certeza a la actividad de los intermediarios tecnológicos, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y permitirá fomentar la innovación y la generación de industrias locales de servicios, contenidos y aplicaciones en Internet.
Este proyecto de ley había recibido media sanción en el Senado en octubre de 2016. Posee además dictamen favorable del pasado 15 de noviembre de las comisiones de Comunicación e Informática, de Defensa del Consumidor y de Justicia de la Cámara de Diputados.
La sanción definitiva de este proyecto colocará a la Argentina a la vanguardia regional y global en legislación de Internet, siguiendo los mejores estándares internacionales y contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de la economía digital en nuestro país.